Comenzó el juicio por lavado contra "Tito" López y su familia
El proceso se realiza por Zoom y sin acceso abierto como sí ocurrió en otras causas similares. La Justicia determinará si existió o no un entramado de corrupción con tierras fiscales, lavado de activos y asociación ilícita.
Comenzó este miércoles el juicio oral contra Ramón Alberto "Tito" López y su entorno familiar, acusados de integrar una organización dedicada al lavado de activos, fraude a la administración pública y asociación ilícita.
Las audiencias, a cargo del Tribunal Oral Federal de Resistencia, se desarrollan de manera virtual a través de la plataforma Zoom y, a diferencia de otros procesos similares, no cuentan con transmisión pública , una decisión que introduce un fuerte debate sobre la publicidad de los actos judiciales.
Un juicio clave, sin acceso abierto
El proceso arrancó sin difusión en tiempo real, lo que contrasta con otros juicios federales de relevancia donde se habilitaron transmisiones. En este caso, el desarrollo de las audiencias queda restringido a las partes intervinientes. El tribunal está integrado por los jueces Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias, con la participación del Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.
La causa
La causa tiene como principal imputado a López, detenido el 11 de septiembre de 2024 en Resistencia, en un operativo que marcó un punto de inflexión en la investigación. Para la fiscalía, el dirigente social encabezaba una estructura familiar que operó durante más de una década para desviar fondos públicos y convertirlos en bienes de alto valor, incompatibles con los ingresos declarados.
Junto a él están imputados su esposa Librada Romero; sus hijos David, Walter y Daniel; y su nuera Débora Acosta.
Según el expediente, entre 2011 y 2023 el grupo accedió a unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales a través de adjudicaciones irregulares tramitadas ante el Instituto de Colonización. Esas tierras, destinadas originalmente a fines productivos y sociales, habrían sido reconvertidas en negocios inmobiliarios mediante fideicomisos, leasing y ventas a terceros, en presunta violación a la normativa que prohíbe su enajenación durante diez años.
La fiscalía sostiene que el esquema incluyó la utilización de fundaciones y estructuras legales para canalizar las operaciones, con intervención de escribanos y funcionarios públicos. El resultado, según la acusación, fue la conformación de un patrimonio que incluye campos, inmuebles urbanos, vehículos de alta gama, ganado y divisas extranjeras.
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