El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que en 72 horas elabore un plan para distribuir las cinco toneladas de alimentos alojadas en depósito para ayuda social que no fueron repartidas para "su ejecución de modo inmediato".

En ese sentido, luego que se difundiera la resolución, el gobierno nacional anunció que apelará la orden y el portavoz presidencial Manuel Adorni explicó: "Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso", señaló a modo de introducción.

"Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública", agregó el vocero, que para sostener esta posición, apuntó: "Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina.... Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock".

El vocero presidencial dijo que "de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior". Y de inmediato enfatizó que "no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse".

 

Para el portavoz de Javier Milei, los reclamos surgen de gente que perdió privilegios: "A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina donde seguramente habia muchos beneficiarios a titulo personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían".

 

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