Marchan al Superior Tribunal de Justicia por la internación de una abogada
El lunes 7 se registró un confuso procedimiento en la casa de una empleada judicial. Este lunes 14, a las 10, será la protesta de amigos y familiares.
A siete días de la escandalosa internación forzada de la abogada Gabriela Casas, cuando se encontraba en su casa del barrio Provincias Unidas de Resistencia, el malestar de sus amigos y vecinos ha ido en aumento. Por ello, han convocado para hoy una manifestación frente al edificio del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Brown y López y Planes. Se espera que la convocatoria reúna a un público importante, mientras que unidades policiales estarán movilizadas debido a las sospechas de abuso de autoridad por parte de los mandos de la Policía del Chaco por presunto abuso de autoridad y traslado por la fuerza de la empleada judicial, por un supuesto problema de salud mental.
Lo concreto que pasan los días y hay hermetismo en torno a esta situación que sin lugar a dudas podría dejar en el camino a funcionarios judiciales y policiales, de comprobarse irregularidades en el protocolo para casos como el que supuestamente afronta Casas, de 42 años.
Para hoy se espera que el abogado de la mujer, Alejandro La Regina, un excompañero de secundaria de Gabriela, pueda dar información sobre el estado de salud de ella, que en un desmedido procedimiento de policías de distintas unidades, ambulancia y médicos preparados para inyectarle un sedante fue llevada al área de Salud Mental del hospital Julio C. Perrando.
"El abogado la vio y ella sigue sedada, lo reconoció, pero está en ese estado", dijo ayer a NORTE, una amiga. "Es aberrante, porque "Gabi" no presentaba signos de alteración, o de ejercer violencia sobre alguien", agregó. En tanto, cada vez son más las dudas sobre el procedimiento que ha dejado varios interrogantes sobre quien ordenó semejante despliegue para trasladar a una mujer de una manera inusitada y desmedida.
El Consejo de Abogados ha afirmado: "Aun cuando ella tuviera algún problema mental la Ley de Salud Mental establece que la internación forzosa es un último recurso y que se puede establecer recién después de un proceso judicial que incluye el derecho a defensa de la persona". Por su lado, la defensora general Alicia Alcalá, a la que los cercanos de Casas le adjudican como la responsable de ordenar la internación, pidió que se respete a los pacientes y sus familiares en el marco de la ley de Salud Mental y que se evite hacer show.
Gabriela Casas al salir de su casa dijo: "Me llevan sin una orden judicial". De allí, fue internada en el área de Salud Mental.
NORTE pudo saber que la fiscal Rosana Soto ordenó varias medidas para comenzar la investigación sobre lo sucedido el lunes 7 en la casa de la abogada. Aseguran las más calificadas fuentes judiciales, que la fiscal no estaba anoticiada de la situación. "La Policía actuó sin orden del Ministerio Público Fiscal", remarcó la fuente consultada. Sobre la posibilidad que la medida haya sido solicitada por un juez de Familia, en el caso que un hermano de Gabriela haya hecho alguna petición sobre la mujer, siempre el juez interviniente debe informar para que la orden sea emitida por la Fiscalía en turno, por lo que este punto es controversial y alimenta un escenario repleto de incumplimiento a las normativas.
Comité contra la Tortura realizó una denuncia por el caso de la abogada internada de manera forzada
Las intervenciones solicitadas por los abogados de Gabriela Casas, alcanzan a los ministerios de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo y el de Salud. Además, el Comité para la Prevención de la Tortura realizó una denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Los intervinientes del organismo piden que "se analice la presunta comisión de hechos aparentemente delictivos, "notitia criminis", respecto de la intervención de personal policial de la comisaría undécima metropolitana, infantería y Comando de Operaciones Especiales (COE), como así también del personal de Salud Pública que participaron en el procedimiento que involucró a la señora Gabriela Karina Casas".
Mencionan los miembros del comité : "Que conforme el video analizado, se vierte un accionar policial arbitrario y desproporcionado, apartado de la legislación vigente en materia en salud - salud mental y derechos humanos.
Desde esta perspectiva, la Ley Nacional 26657 -Derecho a la Protección de la Salud Mental- tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional".
