MIRAFLORES: CUESTIONAN LA PRÓRROGA Y PIDEN CUMPLIR EL FALLO POR EL LOTE 88.

En medio del conflicto por las tierras del Lote 88 en Miraflores, la abogada Carolina Aquino, representante de comunidades originarias, analizó el escenario actual tras el pedido del gobierno provincial de suspender las escrituras para abrir una nueva instancia de diálogo.

En una nota con Cesar Medina de  Radio Fan, Aquino fue cauta sobre la medida: “Es una solicitud del gobernador, pero será la jueza quien decida si se concede o no”, explicó. No obstante, marcó su postura: “El gobierno ha tenido tiempo suficiente para buscar una solución tanto para las familias criollas como para las comunidades indígenas”.
La letrada recordó que la causa tiene un largo recorrido judicial. “No es un fallo nuevo, es del año 2015 en primera instancia y quedó firme en el Superior Tribunal de Justicia”, indicó, al tiempo que señaló que hubo múltiples audiencias de monitoreo para evaluar su cumplimiento. En ese sentido, cuestionó la falta de avances: “No se puede responsabilizar a un gobierno u otro. El Estado tiene continuidad y debe cumplir con lo que la Justicia ordenó”.
Sobre el pedido de prórroga del plazo, expuso “No estamos de acuerdo, aunque si la jueza lo concede lo vamos a respetar, porque las decisiones judiciales deben cumplirse”.
Consultada sobre la posibilidad de declarar nula la sentencia que reconoce la propiedad a comunidades originarias, sostuvo: “Una nulidad requiere un error gravísimo, algo que nosotros no observamos. En principio, no prosperaría”.
Aquino también advirtió sobre la generación de expectativas irreales en torno al conflicto. “Se están generando confusiones y falsas expectativas desde distintos sectores”, afirmó, y agregó: “El Estado debía informar claramente la situación jurídica del Lote 88 y no lo está haciendo”.
En esa línea, puso en duda las cifras actuales: “En 2021 había unas 320 familias relevadas. Hoy se habla de 600, lo que debe ser verificado”.
La abogada planteó que la resolución también dependerá de determinar responsabilidades: “Si el Estado hizo incurrir en error a las personas, deberá reparar. Pero quien ocupó sabiendo que había una sentencia, no actuó de buena fe”.
Sobre una posible solución, consideró viable la reubicación: “Lo que corresponde es reubicar a las familias en un plazo razonable y compensar las mejoras en los casos de buena fe”, y recordó que ese esquema ya había sido contemplado en acuerdos previos: “Se analizaron todas las alternativas y se entendió que no había otra forma de cumplir con una sentencia firme”.
Aquino buscó llevar tranquilidad respecto a posibles desalojos: “No hay intención de desalojar. Si hubiéramos querido hacerlo, ya teníamos herramientas legales y no lo hicimos”, y subrayó: “Las comunidades indígenas han actuado siempre por la vía judicial, nunca con violencia”.
Finalmente, dejó una definición de fondo: “No es correcto que siempre la solución sea que las comunidades indígenas cedan. Hay una sentencia que reconoce la propiedad comunitaria y debe cumplirse”. También descartó que la medida afecte la estructura local: “La propiedad comunitaria puede coexistir con el municipio, no es algo nuevo”.
Mientras continúan las gestiones y el debate, el conflicto por el Lote 88 sigue abierto, con posiciones firmes y la necesidad de una solución que evite una mayor escalada.

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